Pedro Sánchez, harto de Alberto Garzón, no puede cesarlo por el anexo que pactó con Pablo Iglesias

Todas las miradas apuntan a la misma dirección esta semana. Y no es la primera vez que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha vuelto a situarse a sí mismo y al Gobierno del que forma parte en el foco de las críticas, tras asegurar que las macrogranjas de explotación intensiva contaminan y generan una carne de mala calidad para su explotación.

El malestar generado no solo persiste en el sector ganadero, sino que ha trascendido a la esfera política. Desde los barones del PSOE pasando por el Partido Popular y Ciudadanos y terminando por el Gobierno, que ha dejado solo a su ministro, desmarcándose de sus declaraciones por ser «a título personal». El clamor social y político apunta a su dimisión o a su reprobación, mientras que el ministro lo descarta y se reafirma en sus planteamientos asegurando que sus palabras fueron «impecables» y lanzando un mensaje al PSOE. «Son como ministro», dijo ayer en una entrevista en la Cadena Ser. Misma posición que defiende Unidas Podemos al avalar que las declaraciones del ministro de Consumo sí representan al Gobierno.

Así, Garzón, que forma parte de la cuota de Unidas Podemos en Moncloa, se ha visto respaldado por la práctica totalidad del grupo confederal. Desde el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, pasando por el jefe del grupo parlamentario Jaume Asens, hasta la vicepresidenta y líder de Unidas Podemos en el Gobierno, Yolanda Díaz. «Nuestro país debe seguir apostando por la ganadería sostenible y denunciar aquellas prácticas minoritarias que agravan la crisis climática», defendió.

A pesar de esta defensa férrea por parte de Unidas Podemos, la parte mayoritaria en la coalición –el PSOE– ha dejado a su suerte al ministro y en su poder la decisión de dimitir. No es la primera vez que los socialistas se desmarcan de Garzón. El propio Pedro Sánchez le desautorizó en verano cuando pidió a la ciudadanía limitar el consumo de carne. Su denuncia contra los juguetes y posterior «huelga» por supuestos estereotipos de género tampoco recabó el apoyo de la parte socialista en Moncloa.

Y es que, precisamente, los socialistas no tienen en su mano la posibilidad de firmar el cese del ministro. El pacto de gobierno alcanzado hace ahora dos años entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias delimitaba a la perfección este punto. Ambos pactaron que sobre cualquier reestructuración de la arquitectura gubernamental correspondería concretamente al partido responsable de cada ministerio. El protocolo de actuación firmado entre ambos partidos decía que en el caso de reestructuración del gobierno durante la legislatura, se mantendrá el número de áreas gestionadas por PSOE y Unidas Podemos y su peso relativo en el conjunto del Gobierno en los términos acordados al inicio de la coalición y en el caso de que la reestructuración implique una alteración sustancial de lo acordado, las partes se reunirán para volver a acordar estas cuestiones.

El caso más claro fue cuando Sanchez decidió acometer una profunda remodelación de su Ejecutivo en el mes de julio. Entonces los cambios gubernamentales solo afectaron a la pata socialista. Fuentes moradas recordaron entonces que Yolanda Díaz mantuvo una conversación con Sánchez dejando claro que no quería que la crisis de gobierno afectara a la cuota morada en esos momentos.

Los morados subrayan así que la decisión de remover de su puesto a Garzón corresponde a Díaz, pero en consenso con el grupo confederal. Así, el también líder de IU se encuentra blindado por la cuota morada en Moncloa. Otro ejemplo más: tras la salida del ministro de Universidades del Gobierno, Manuel Castells, fue Unidas Podemos quien decidió su sustituto. El catedrático catalán Joan Subirats. En ese caso, la palabra final la tuvo la cuota catalana, dado que todas las sensibilidades de Podemos se encuentran representadas en la coalición. De momento, según explican fuentes de Unidas Podemos, no se encuentra sobre la mesa la decisión de que Alberto Garzón abandone Moncloa. El partido cree que es una polémica estéril y alimentada por los partidos de derecha ante la proximidad de las elecciones autonómicas en Castilla y León.

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